Uno de cada cinco guipuzcoanos vive en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social

Esta tasa de pobreza es casi 20 puntos menor a la del resto del Estado, sin embargo es un porcentaje similar a la estadística de otros países europeos.

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Martes 21 de mayo de 2013 | MIKEL HUARTE

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Según se desprende una encuesta encargada por la Diputación realizada en 2012, más de 30.000 personas se encuentran bajo el concepto de "pobreza severa", son un 4% de la población, los que cada mes sobreviven con menos de 561 euros al mes. Además, hay otros 120.000 ciudadanos que están en riesgo de pobreza o exclusión social, un 16% del total, cuyos ingresos mensuales se sitúan por debajo de los 842 euros). Sumados ambos valores, se puede concluir que uno de cada 5 guipuzcoanos vive bajo el umbral de pobreza o en serio riesgo de exclusión social. Este estudio, realizado el año pasado en 1200 hogares del territorio, recoge a través de distintos indicadores, datos actualizados puesto que la anterior encuesta databa de 2008.

Esta tasa de pobreza es casi 20 puntos menor a la del resto del Estado, sin embargo es un porcentaje similar a la estadística de otros países europeos. No existen, además, diferencias significativas entre las comarcas guipuzcoanas. En palabras de la portavoz foral Larraitz Ugarte, la encuesta arroja conclusiones preocupantes y muestra la situación de emergencia que se vive fundamentalmente entre familias con hijos, la vulnerabilidad de los hogares encabezados por mujeres y su mayor afección en colectivos concretos como los inmigrantes o jóvenes con empleo precario

Ugarte ha señalado que es todavía más grave que esta pobreza se esté produciendo entre los jóvenes, cuyos ingresos destinan en gran medida al alquiler de la vivienda o al pago de la hipoteca y que dificilmente pueden afrontar con el dinero restante sus necesidades básicas. Esto se debe, fundamentalmente, a la fuerte precarización del empleo, ya que el 7% de la población ocupada está afectada por lo que se denomina “pobreza en el empleo” o “working poor”, personas que, pese a contar con un trabajo remunerado, no consiguen un nivel de ingresos suficiente para mantenerse ellas y sus familias. Con respecto al colectivo de migrantes, a quienes la crisis golpea más fuerte, se encuentra sin recursos y redes familiares que hagan de colchón para evitar la exclusión social, lo que les convierte en otro de los grupos más vulnerables.

Desde la Diputación se ha subrayado el efecto que la distribución de ayudas como la R.G.I. (Renta de Garantías de Ingresos) que consigue reducir el impacto de la pobreza. Según el estudio, si no fuera por esta ayuda el porcentaje de pobreza grave se elevaría hasta el 10%, y el de riesgo de pobreza llegaría hasta el 22%, de lo que se deduce el efecto positivo de este tipo de ayudas que ayudan a atenuar en una cuarta o tercera parte el impacto de la crisis en estas familias. Larraitz Ugarte ha aprovechado su comparecencia reclamar al Gobierno Vasco que tenga en cuenta estas conclusiones y mantenga las políticas públicas encaminada a atender a estos casos en serias dificultades. La portavoz foral ha recordado asimismo que en torno al millar de guipuzcoanos se benefician de la ayuda foral que cubre el hueco dejado por el Gobierno Vasco que endureció las condiciones y elevó hasta los 3 años, el tiempo mínimo de empadronamiento como condición para acceder a la R.G.I.

Por último, la Diputación pide que no se estigmatice a los colectivos que se benefician de este tipo de prestaciones, dado que todavía hay un 18% de perceptores potenciales que pese a cumplir con los requisitos no piden esa ayuda, en algunos casos por desconocimiento. "La datos demuestran que la realidad es muy cruda y que frente a prejuicios e intentos de criminalización de algunos, esta encuesta demuestra que hay muchos guipuzcoanos con derecho a pedir una ayuda, que no llegan a hacerlo".

El 48% de los consultados y que viven en situación de pobreza severa, y el 69% de las que residen en familias en situación de exclusión social, desconocen que la R.G.I. se tramita en Lanbide. Para el conjunto de la población, el porcentaje supera el 80%. Datos que ponen de manifiesto la escasa información que la mayor parte de la población, incluyendo los colectivos potencialmente demandantes, tienen todavía en relación al sistema de garantía de ingresos.

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